Lorayne Finol Romero – Académica, Ucentral Región de Coquimbo.
Los datos personales, definidos como aquellos relativos a la información concerniente a personas naturales, sea que se trate de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, encuentra su fundamentación jurídica en la Ley N° 19.628. Sin embargo, el legislador de aquel momento, no estableció sanción alguna por su infracción. Vacío legal, que el proyecto de ley ingresado en el Congreso pretende subsanar, al establecer sanciones para quienes infrinjan sus disposiciones, comprendidas desde 360 mil dólares. Hasta aquí, la justificación de la reforma legal, no se discute. La discrepancia se plantea en torno a la institucionalidad jurídica del órgano con competencias para su fiscalización, pues el proyecto original establecía la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, en tanto que el proyecto actual, pretende que las funciones sancionatorias sean atribuidas al Consejo para la Transparencia, en lo adelante CPLT.
En ese orden de ideas, y con el propósito de disipar si ¿la protección de datos personales es una nueva facultad del CPLT? Es importante señalar que el CPLT desde al año 2011, en ejercicio de la atribución de la ley de transparencia ha desarrollado un conjunto de recomendaciones sobre la protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, como consecuencia de la recurrencia de casos de accesos ilegales a registros administrados por órganos del Estado respecto de datos de los ciudadanos. Lo anterior, es el argumento principal para que, por continuidad a la experiencia acumulada por el CPLT, éste continúe garantizando el debido cumplimiento de la ley de protección de datos de carácter personal y, además, pueda unificar criterios entre el acceso de la información y la protección de datos. Sin embargo, hay que esperar el resultado final de la reforma discutida actualmente en el Congreso.
