Preocupación y fuertes críticas es lo que expresaron parlamentarios de distintos sectores políticos, luego de que la Contraloría declara ilegales 29 convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que hasta ahora ya revisó.
“El caiga quien caiga debe pasar de las palabras a las acciones” y “esto es solo la punta del iceberg”, son parte de las reacciones de la esfera política respecto a que los convenios objetados y que corresponden a acuerdos suscritos durante este año, según consignó La Tercera.
Para Pablo Toloza, quien integra el equipo de abogados de la UDI, y que además es querellante del “Caso Convenios”, este informe de la Contraloría General deja al descubierto a lo menos dos realidades.
Según dijo, “primero que acá existió y existe un modus operandi, una arquitectura con objeto de defraudar al Estado, no son casos aislados, se repiten en muchas regiones del país y por monto realmente escandalosos”.
En segundo lugar, criticó que si la Contraloría “hubiera actuado antes, los dineros de todos los chilenos habrían estado mucho más resguardados”.
En ese sentido, manifestó que si “hubiera actuado más proactivamente y en forma preventiva, el perjuicio fiscal hubiera sido mucho menor, acá hubo señales claras y que se omitieron, las cantidades de dineros que se traspasaron a la Fundaciones, inédito en la historia del país”.
En esa misma línea, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano), cuestionó “¿en qué está la Contraloría General de la República? Si no es por el escándalo mediático en relación a la Fundación Democracia Viva, estas fundaciones no hubiesen sido fiscalizadas”.
Por tanto, criticó que “es el Contralor el primero en que tiene que dar respuesta”. Asimismo que “todas y cada una de las fundaciones ligadas y las autoridades de los gobiernos regionales involucradas deben explicar y asumir las responsabilidades administrativas, políticas y judiciales de estos convenios que han sido declarados ilegales”.
También desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN) espera que las autoridades entreguen todos los antecedentes “sin esperar que la Contraloría o la Fiscalía toque su puerta”.
“Esto solo incrementa la sensación de impunidad y que se están protegiendo los unos con los otros. Lo que detectó Contraloría es respecto solo a algunos convenios con toma de razón. Este escándalo puede ser aún más grande con respecto a aquellos convenios que no requerían pasar por Contraloría o que quisieron evadirlo deliberadamente los recursos a sus amigos mediante fundaciones truchas creadas de la noche a la mañana”, agregó.
En ese sentido, enfatizó en que los gobiernos y los gobiernos regionales “pongan sus antecedentes a disposición lo antes posible para que este manto de impunidad no se extienda y tanto las sanciones como las responsabilidades se empiecen a asumir”.
En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó que “esto demuestra que las denuncias y las querellas presentadas tenían razón”.
“Aquí existía, a nuestro entender, un verdadero modus operandi para poder entregarle cientos o miles de millones de pesos a fundaciones, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos para poder trabajar. Ni siquiera tenían el giro apto para ello”, complementó.
También desde el bloque opositor, la presidenta de Evopoli, Gloria Hutt, consideró que es “urgente despejar todas las dudas y dar seguimiento a cada una de las transacciones”, esto según afirmó, “para que las personas puedan recuperar la confianza en una buena administración pública”
“Aquí no hay un caso de falta de regulación como se ha tratado de dejar caer. Aquí hay reglas que existen y que la Contraloría declare que hay ilegalidades, muestra que se transgredieron esas reglas, y eso tiene además indicios de corrupción”, añadió.
Mientras que desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró que “lo que está ocurriendo es demasiado grave como para que nada pase y se corte el hilo por lo más delgado”.
En ese sentido, apuntó que el Gobierno “debe tomar decisiones mucho más drásticas, hacer un giro y un golpe de timón fuerte para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía”.
Por eso, enfatizó en que “el caiga quien caiga debe pasar de las palabras a las acciones y los hechos, deber ser una realidad. Ningún espacio a la corrupción y a la impunidad”.
Desde la DC, el diputado Eric Aedo, proyectó que “esto es solo la punta del iceberg”. Para el parlamentario es necesario que la Contraloría investigue todos “estos contratos con convenios y fundaciones a lo largo del país y especialmente en cada una de las regiones de Chile”.
“Esto es verdaderamente un escándalo político de corrupción de proporciones. Esto debe detenerse. Esto va a generar efectos políticos, no tengo duda que en el presupuesto del año 2024, los mecanismos de control que van a existir sobre los gobiernos regionales, fundaciones y sobre las entregas de dinero a estas instituciones van a tener que tener mucho mayor resguardo y fiscalización”, agregó.
“Así se lo dijimos ayer al ministro de Hacienda, Mario Marcel, no es posible avanzar en un pacto fiscal si se sigue derrochando el dinero de todos los chilenos de esta manera”, cerró Aedo.
Más duro fue el senador PS Juan Luis Castro. “Esto es un escándalo de marca mayor (…) A mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno… y creo en el Presidente Boric, pero que aparezcan estos actos impropios que van en contra de la doctrina básica de probidad en el Estado, donde algunos profitaron con un nuevo estándar moral, dentro de la alianza de gobierno y hoy día se ven estrellados frente a esa doctrina que era falsa finalmente”, señaló en Mega.
Fuente: Emol.com
