De tanto en tanto y con la tecnología como parte del diario vivir, el debate por la presencia de teléfonos móviles en recintos escolares se vuelve a dar, sobre todo luego de que la semana pasada se viralizara la prohibición en un recinto de Las Condes. La situación, en todo caso, no es nueva, puesto que varias instituciones -particulares en su mayoría- lo están explicitando en sus reglamentos.
“Quiero contarles de una estrategia en particular que usa la Escuela Manuel Guerrero, que está aprobada por el Consejo Escolar y que es conocida por la comunidad: cada curso tiene una caja plástica que los profesores disponen en sus salas de clases y los estudiantes de manera autónoma depositan sus teléfonos en esa cajita. Cuando los inspectores pasan monitoreando la asistencia a clases recogen las cajitas con los teléfonos celulares de todos los niños, se guardan en un lugar seguro y se devuelven al final de la jornada escolar. ¿Cuál es el beneficio? Que los profesores puedan desarrollar una clase con al menos un distractor menos”.
A mediados de marzo, Katherine Moreno, directora del establecimiento escolar de Cerro Navia, explicaba así, en medio de una pauta en que también se encontraba el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la determinación que como institución están llevando a cabo. Aunque no son los únicos.
Y es que la semana pasada se hizo viral el comentario de una usuaria donde daba cuenta que en el Colegio Wenlock de Las Condes se había prohibido el celular hasta cuarto medio. “Los niños de séptimo hacia arriba, que antes sí podían llevarlo y se la pasaban pegados en los recreos, ahora volvieron a jugar y conversar como niños. Todos los colegios debieran tomar la misma medida”, decía.
Pero, ¿cuál es la regulación al respecto en Chile? ¿Hay siquiera? ¿La prohibición es una medida común o aislada?
“Es importante que se abra el diálogo dentro de los establecimientos con el objetivo de evaluar si este tipo de medidas serán incorporadas en los reglamentos internos y en los protocolos de los establecimientos, de forma que haya consenso en la comunidad educativa y se conozcan los fundamentos de este tipo de medidas”, señaló el jueves pasado el ministro Ávila.
Lo anterior porque, en efecto, en pleno 2023 y con la tecnología como parte del diario vivir, en Chile no hay ni regulaciones ni orientaciones sobre el uso de celulares en establecimientos educacionales. Sí hay instituciones aplicando lo que señala el ministro: fijarlo como norma dentro de sus reglamentos de convivencia escolar. Ejemplos abundan, principalmente en establecimientos que no son públicos.
“Los estudiantes no deberán traer celulares y aparatos electrónicos, tales como notebooks, tablets, radios, minicomponentes, juegos electrónicos portables, reproductores portátiles de música y video, cámaras fotográficas, calculadoras o cualquier aparato electrónico similar, de igual o superior valor a 1 UTM. De no cumplirse esta norma, estos aparatos serán retenidos por Inspectoría hasta que sean retirados por el apoderado”, se lee, por ejemplo, en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio San Pedro Nolasco de Vitacura.
La Escuela Antiquina de Cañete, en tanto, sin prohibirlo, señala en su reglamento que se debe “evitar llevar a la escuela materiales o artefactos tecnológicos (celulares, iPod, tablet, etc.) no solicitados”, así como el Colegio Saint Rose School de Santiago actualizó su Reglamento Interno de Convivencia Escolar en mayo de 2019 y explicitó que “los teléfonos móviles o celulares y cualquier otro aparato tecnológico deberán permanecer apagados y guardados en los casilleros con llaves que se encuentran en las salas de clases desde cuarto básico hasta cuarto medio. En los otros cursos (play group hasta tercero básico) serán depositados en una caja especial que se encuentra en cada aula”.
Mientras, el Colegio Pucalán de Colina señala en su reglamento que los alumnos deben “prescindir de radios, mp3, mp4, grabadoras, cámaras, computadores personales, tablets, videojuegos, teléfonos celulares, entre otros elementos, que perturben el normal funcionamiento de las clases, a menos que sean utilizados para fines pedagógicos y previamente autorizados por el o la guía respectiva. El guía o docente retendrá estos objetos, los cuales podrán ser retirados por él o la estudiante al final de la jornada liceo”.
Eso sí, también son numerosos los casos -aparentemente mayoría- de establecimientos que no han fijado restricciones al respecto y, por consiguiente, en los que no es posible encontrar lineamientos en sus reglamentos. “Es difícil instaurar algo así. No se trata de prohibir, sino educar en el uso responsable”, dicen algunos de los sostenedores de establecimientos municipales.
Al respecto, María Victoria Polanco, profesora de artes visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y coordinadora de proyectos de mediación y educación artística de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de esa casa de estudios, señala que como docente ligada a la formación de profesores y articulada al trabajo con comunidades escolares, siente que “el uso de aparatos celulares en aula es una herramienta peligrosa cuando no se es capaz de tener un control sobre ellos. Hay un pulso de distracción y promueve una cultura de la inmediatez”.
Pero, al mismo tiempo, asegura que en su experiencia con proyectos de mediación que integran, por ejemplo, aplicaciones digitales, “es posible colaborar para problematizar procesos de enseñanza y aprendizaje e innovación en contextos de trabajo en aula”.
Asimismo, el ministro Ávila expuso el jueves pasado que en su opinión como educador “en la actualidad las tecnologías tienen el potencial de ser ocupadas al servicio de la educación. Por lo tanto, es de esperar que progresivamente profesores y profesoras podamos incorporar el uso del celular, las tabletas, aplicaciones e internet en el proceso de enseñanza”. Esto, cerró, “en ningún caso quiere decir que siempre sea recomendable ocupar el celular, ni en todas las asignaturas, ni en todos los niveles. Por eso es fundamental el diálogo y el fundamento pedagógico. La tecnología llegó para quedarse y debemos aprender a utilizarla para el bien de la enseñanza”.
Algunos entendidos, de hecho, señalan que el reglamento de los colegios se convierte en letra muerta porque los profesores no controlan, aun cuando algunos estudios han dado cuenta de que los estudiantes bajan hasta tres décimas sus notas por cada hora de uso del celular.
Consulta y orientaciones
El debate está instalado hace un buen rato en Chile, no así, como se ha dicho, normas referidas al uso de celulares.
En 2019 se quiso dar un paso profundo para ahondar en la materia. En junio de ese año, Pamela Cifuentes, investigadora de la biblioteca del Congreso Nacional, realizó una asesoría técnica parlamentaria en la que se revisó la legislación que existía por ese entonces en otros países, dando cuenta de que no había un único criterio de regulación (Italia, por ejemplo, prohibió su uso a partir de este 2023).
Luego, en julio, la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, intentó impulsar el debate sobre el uso de teléfonos móviles en los colegios. Para ello lanzó la ‘Consulta nacional sobre el uso de celulares en los colegios del país’. Un mes después, dentro de los resultados más relevantes se vio que 88% de los apoderados, directivos y profesores consultados dijeron que se debería prohibir el uso de aparatos móviles en los estudiantes de enseñanza básica, mientras que 71% contestó lo mismo para alumnos de media.
Al poco tiempo el Mineduc presentó un documento llamado ‘Orientaciones para la regulación del uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos educacionales’, que básicamente señalaba que regular el uso de los celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar, tanto dentro como fuera de la sala de clases “es recomendable para contribuir a promover espacios de sociabilización y aprendizaje positivos y constructivos, potenciando la sana convivencia basada en el respeto entre los miembros de la comunidad educativa”. Ahí se fijaban, entre otras cosas, marcos para que los establecimientos discutieran el fenómeno internamente y pudieran traducirlo en el reglamento de convivencia escolar.
Con todo, desde la Superintendencia de Educación señalan que los sostenedores “pueden aplicar medidas referidas a la restricción de dispositivos electrónicos en el establecimiento o durante la jornada escolar”. Estas medidas, agregan, “deben estar contenidas y fundamentadas en el reglamento interno y se sugiere que sean acordadas con los consejos escolares en el caso de los establecimientos públicos o subvencionados, o comités de buena convivencia en el caso de los establecimientos particulares, y que sean difundidas a la comunidad en su conjunto”.
Fuente: La Tercera
