Considerando los años tramitación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que es “impresentable” seguir postergando los cambios al sistema.
Cuatro años y cinco meses han pasado desde que ingresó la reforma al sistema notarial al Congreso. Recién en enero del 2020 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y fue despachado al Senado, desde ahí han pasado 33 “urgencias suma” y 26 “dicusión inmediata” sin éxito.
A pesar de las insistencias, la inciativa que busca modernizar el sistema, establecer mayores estándares de transparencia y aumentar la competencia, continúa paralizada en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Sin embargo, se trata de un panorama que podría cambiar, o al menos eso pretende el Gobierno. Es que el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró en entrevista con el Diario Financiero que es “fundamental” avanzar en esta reforma y manifestó que “es impresentable” seguir postergando esto.
“Nosotros hemos transmitido la voluntad al Gobierno de avanzar, si es necesario conformar una mesa técnica para ver las indicaciones a ese proyecto; habría que hacerlo”, recalcó.
Principales ejes
Como un “histórico avance”, catologó el ex ministro de Justicia y , Hernán Larraín, cuando el 7 de enero del 2020 el hemiciclo de la Cámara Baja aprobó con 132 votos la reforma.
En esa oportunidad, el secretario de Estado de la administración del ex presidente Sebastián Piñera, ahondó en los principales ejes del proyecto.
Entre ellos se establece la creación de los fedatarios, quienes serían nuevos ministros de fe que podrían realizar los trámites más comunes y sencillos, aquellos que se denominan “de mesón” en las actuales notarías. De este modo, habría fedatarios privados, que serían abogados que deberán cumplir con ciertos requisitos para certificarse, y fedatarios públicos, que serían los secretarios municipales de cada uno de los municipios del país, o los oficiales del Registro Civil de cada zona.
Asimismo, habría un “Consejo resolutivo de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros”, que tendría como función resolver los nombramientos de estos. En ese sentido, las ternas elaboradas por el Poder Judicial solo podrían considerar a los 10 mejores puntajes de cada concurso, así como se terminan los cargos vitalicios de los notarios, al poner un límite de los 75 años de edad para el ejercicio de la función, o haber 21 años en una misma notaría.
Además, se establecen nuevos criterios para la creación de notarías, atendiendo a la caracterización demográfica, actividad económica, proporcionalidad territorial y desconcentración urbana.
Por otro lado, el proyecto de ley faculta al Registro Civil a certificar todos los hechos que estén en los registros del Estado sin necesidad de ir a un notario, como es el estado civil de una persona, o el ser “hijo de”, o el mero hecho de estar vivo (certificado de sobrevivencia).
El último punto clave, son los avances en tecnología y transparencia. Según la iniciativa legislativa, los notarios, conservadores, archiveros y fedatarios tendrían el deber de contar con una página web y publicar información relevante, como el detalle de sus precios. Además de contar con sistemas electrónicos que permitan la realización de sus trámites en línea y de forma remota. Asimismo, existiría un repositorio digital de carácter nacional de responsabilidad del Registro Civil, que permitiría a los ciudadanos acceder a escrituras públicas, inscripciones e instrumentos protocolizados.
El proyecto impulsando por el Gobierno anterior tiene como antecedente el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado de notarios publicado en 2018. Documento que, según el ministro Cordero, se encuentra “plenamente vigente”.
En este, se subraya la necesidad de realizar una reforma estructural la que podría traducirse en ahorros cercanos a los US$149 millones anuales para al país.
El estudio comenzó en julio de 2017 y fue publicado un año después.”Estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país”, sostuvo el entonces Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Entre las recomendaciones, se cuentan reducir la cantidad de trámites que debe realizarse ante un notario y permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos.
Asimismo, se propone flexibilizar las reglas que regulan la forma en que se desarrolla la actividad para fomentar la calidad del servicio y reducir el precio de los trámites.
Fuente: Emol
