Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que busca generar diversas reformas a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Además, se busca la disminución del componente político en la tramitación de proyectos de inversión, esto al eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental.
Dicha propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
El objetivo principal de esta medida es fortalecer y mejorar la eficiencia de la institucionalidad en el país. Esto a través de diversos cambios que buscan mejorar la participación ciudadana, fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, entre los que destacan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Sobre este punto, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que la propuesta incluye ideas que fueron recogidas en un amplio proceso de participación. Por lo que la reforma es vista como un proyecto de Ley equilibrado, ya que combina aspectos pro-ciudadanía, pro-ambiente y pro-inversión.
Manteniendo esa línea, la Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que el SEIA será modificado después de 30 años de funcionamiento, por lo que su modernización permitirá prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacerlo más eficiente.
Por ejemplo, se busca avanzar en un mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que representa el 95% de los proyectos evaluados en el Sistema.
Sumado a eso, busca crear un procedimiento voluntario de participación temprana. De esta manera, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema. Además, se espera que existan reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, esto con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario.
Cambios con los que se busca que todo se desarrolle de una manera más fluida.
Adicionalmente, esta propuesta se encuentra alineada con el Acuerdo de Escazú y busca mejorar la acción de reparación estableciendo la legitimación activa como parte principal a todo evento del Consejo de Defensa del Estado y se crean mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas, junto con clarificar de mejor manera el plazo de prescripción por daño ambiental, lo que permitirá cumplir con el principio de responsabilidad, una mayor protección del medio ambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.
Con esta aprobación, por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, la propuesta de reforma quedó lista para ser ingresada al Congreso, donde se dará paso a su tramitación legislativa.
