Desde mediados de julio de este año que el proyecto con el cual se pretende financiar la mitad de las transformaciones que tiene en carpeta el Ejecutivo está radicado en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Desde mediados de julio de este año que la reforma tributaria está radicada en la comisión de Hacienda de la Cámara, proyecto considerado como la columna vertebral de la administración del Presidente Gabriel Boric, pues con ella se pretende financiar la mitad de las transformaciones que tiene en carpeta el Gobierno.
Pese a que la iniciativa ha ido avanzando, en el camino ha sufrido modificaciones. De hecho, antes de ser aprobada en general por la instancia, Hacienda ingresó una batería de 27 indicaciones, de las cuales cuatro apuntaban a incentivar la inversión; ocho estaban relacionadas con la agenda antielusión y evasión; otras ocho serán introducidas para mejorar el nuevo sistema a la renta; cuatro estaban destinadas a perfeccionar el régimen pyme; y tres ligadas con el impuesto al patrimonio.
Dichos ajustes, según cálculos de Teatinos 120, se traducirán en una merma de los ingresos proyectados de 0,5% del Producto una vez que la reforma comience a operar en su totalidad, equivalentes a US$1.700 millones. De esta forma, la recaudación esperada se reduce desde 4,1% previsto inicialmente a 3,6% del PIB en régimen.
Con estos cambios sobre la mesa, la comisión aprobó la idea de legislar el texto el 26 de septiembre pasado, aunque no contó con el apoyo de legisladores de oposición quienes, pese a que 11 de las 27 indicaciones realizadas iban con respaldo de los técnicos del sector, no entregaron su visto bueno a la propuesta.
Posteriormente, la instancia comenzó la votación en particular del proyecto el 24 de octubre, y el primer conjunto de artículos respaldados fueron aquellos relativos a la agenda antielusión y evasión. Una de las enmiendas más relevantes, y que despertó resquemores entre parlamentarios de derecha, fue la que fija un nuevo procedimiento para establecer violaciones de un contribuyente a la Norma General Antielusión (NGA).
En concreto, este cambio establece que la existencia de abuso o de la simulación será descartada administrativamente por el SII, mediante resolución fundada, acordada por el Comité Antielusión, el que estará conformado por las personas que tengan a su cargo las subdirecciones de fiscalización, jurídica y normativa.
También se avanzó en la idea de incorporar la obligación de informar mediante carta certificada, tanto al contribuyente como al banco, cuando se notifica la decisión de levantar el secreto bancario.
Otro de los temas que ha generado debate en la comisión es la figura del denunciante anónimo, por lo que el Ejecutivo debió realizar ajustes que apuntaban a evitar que existieran denuncias falsas. Con todo, la oposición lo rechazó.
En este caso se especificó que quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que estos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 15 UTM, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo, en forma adicional perderá dicha calidad.
Antes esta conducta tenía penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 6 a 10 UTM. El resto de las normas antielusión y de fortalecimiento del SII han ido avanzando sin mayores sobresaltos.
Por otro lado, en noviembre se aprobó la creación del sistema dual y el tributo al diferimiento de impuestos finales, entre otros cambios. Mientras que el martes se dio luz verde al artículo que trata la tasa de desarrollo del 2% de las utilidades -la que tiene como finalidad invertir en proyectos que eleven o mejoren la productividad. Es decir, para quienes realicen esta inversión la tasa de primera categoría será de 25%-, y también si visó la limitación de pérdidas tributarias al 50% de la renta líquida imponible del año.
Asimismo, esta semana se terminaron de votar las modificaciones al régimen general -sistema dual-.
¿Qué dicen los expertos?
A juicio de Vicente Furnaro, abogado tributario y socio de Tax Defense, los aspectos que levantan más alertas hasta ahora son “el denunciante anónimo tributario, el término de la franquicia de devolución anticipada del IVA en materia de rentas residenciales, el impuesto a las utilidades retenidas y la falta de normas de incentivo duro a la inversión como la mantención de una depreciación acelerada, son algunos ejemplos que me parecen claramente apuntando en una dirección contraria a la inversión, generación de valor y política pro empleo, elementos clave para lo que se nos viene”.
En esa línea, Furnaro sostuvo que es relevante “la inyección de un mayor equilibrio en el debate, y entender que el objeto de tributación debe apuntar más a la acumulación de riqueza que a la generación de la misma, me parecen criterios esenciales que deben guiar el debate técnico. Las utilidades empresariales deben mantener una dinámica que les permita seguir generándose, y la herramienta tributaria debe apuntar a eso y no a bloquearla para obtener una recaudación más circunstancial que duradera”.
En tanto, Claudio Bustos, abogado tributario y socio fundador de Bustos Tax & Legal, dijo que “hasta ahora, la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara ha sido extremadamente pobre, ya que no se han evaluado los grandes temas que involucra la reforma tributaria en trámite, los cuales tienen que ver con la posibilidad de nulo crecimiento económico o, incluso, de una posible recesión económica y de cómo inciden en ello las normas que son parte de la reforma”.
A juicio de Bustos, “definitivamente no debiera aprobarse el impuesto a las utilidades acumuladas, pues es una muy mala señal para todo el mercado, y contraviene los principios básicos que inspiran a la legislación tributaria chilena”.
“No debiera aprobarse el impuesto al patrimonio, puesto que es ineficaz para los fines que se propone, y fomenta la fuga de capitales, algo que Chile no necesita ni desea”, y añadió que “debiera reformularse la modificación de tasas del impuesto Global Complementario, siguiendo la recomendación de la OCDE, de tal manera que se reduzca el tramo exento, y se extienda la base imponible, de tal forma que la recaudación sea más equitativa en este ámbito”.
Plazos
En una reciente entrevista con Icare.tv, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que esperaba que la reforma tributaria quedara cerrada entre abril y mayo.
“Ahora estamos en diciembre y espero que en diciembre del próximo año ya todo esto esté detrás nuestro, ya haya pasado. La reforma tributaria por ahí por abril, mayo deberíamos estar cerrando ese proceso. Con el royalty incluso podría ser un poco antes, dado que es un proyecto que está en segundo trámite constitucional”, dijo el jefe de la billetera fiscal.
Fuente: Emol
