Entendidos en materia tributaria aseguraron que el Gobierno deberá realizar conciliaciones económicas y políticas respecto al proyecto, lo que probablemente llevará a una discusión en dos etapas, partiendo por los temas menos conflictivos.
Un ambicioso programa, altas expectativas y la necesidad de encontrar financiamiento permanente para cumplir con ello, son parte de los factores que han posicionado a la reforma tributaria como una de las primeras prioridades dentro del recién asumido Gobierno de Gabriel Boric.
Desde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pasando por el titular Segpres, Giorgio Jackson, y hasta el mismo Presidente Boric, han recalcado que la búsqueda de una mayor recaudación fiscal será prioritaria y la meta no es baja: el plan es que la reforma que impulsarán logre elevar la recaudación en 5% del PIB al final del Gobierno, algo muy superior a lo que han logrado las reformas anteriores.
Una vara, dicen los expertos, que ya en un supuesto Chile fuera de toda crisis sería difícil de alcanzar, pero la realidad es aún más apremiante. La necesidad de captar inversión e impulsar el crecimiento en tiempos de desaceleración económica y el golpe de la incertidumbre política, sanitaria e internacional producto de la invasión rusa en Ucrania, sumado a una alta inflación, hace que la reforma tributaria deba ser abordada con especial cuidado.
Por eso, desde el Gobierno buscan iniciar un trabajo prelegislativo en base a un amplio diálogo en el que participen empresarios, trabajadores y la sociedad civil con el fin de concretar un “pacto tributario” que pueda perdurar en el tiempo, según dijo Marcel a Reuters.
En esa línea, el titular de Hacienda explicó que el proyecto podría separarse en paquetes distintos “de manera que aquellas cosas que están en condiciones de avanzar más rápido en el Congreso les podamos dar el espacio y darnos el tiempo para las cosas que requieran más discusión”.
Según ha trascendido, la primera fase del proyecto sería avanzar en establecer mayores impuestos a las rentas personales y reducir la evasión, para así no afectar el crecimiento este año. Y en una segunda etapa vendrían cambios más duros que podrían afectar a empresas y sectores económicos, como nuevos impuestos al patrimonio y a emisiones contaminantes, royalties a la gran minería y la desintegración total del sistema.
Boric, por su parte, habló al respecto en entrevista con las radios del país el martes, y si bien no confirmó ni negó que el proyecto se enviará al Congreso en dos o más fases, sí comentó la necesidad de luchar contra la evasión.
“La evasión hoy día en Chile está calculada del orden de los 7 puntos del PIB. Nosotros no somos ingenuos, no pretendemos cerrar completamente eso, sino que la expectativa que nos habíamos hecho en un comienzo era de 3,5 puntos, y después lo redujimos, si mal no recuero, a 2,5 puntos. Eso requiere también fortalecer el Servicio de Impuestos Internos”, dijo.
Como parte de un primer acercamiento, hoy a las 11.30 horas Marcel recibirá en Teatinos 120 al comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderado por Juan Sutil, donde la reforma tributaria será tema obligado.
Según dijo Sutil a Emol, “atacar la elusión o evasión me parece que es fundamental”, además de reducir la informalidad en la economía para aumentar la recaudación.
“Todo lo que permita ayudar a la formalización de la economía y evitar la evasión y la elusión, eso es bienvenido, no es un problema para el sector empresarial”, indicó, añadiendo que “el problema dice relación con aquellas medidas que habiliten la inversión y el desarrollo, y que sean, además, dentro de un marco competitivo para que el país no pierda ventajas competitivas”.
“Eso también dice relación con las inversiones futuras. Los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, también miden la carga tributaria al momento de tomar las decisiones de dónde hacer las inversiones y eso también es muy relevante”, acotó.
Visión de expertos
A ojos de entendidos en materia tributaria, efectivamente sería “sensato” dividir el proyecto y sacar adelante primero aquellas ideas que cuenten con un mayor consenso político y que no sean transformaciones estructurales cuya tramitación sería más engorrosa. Así, ven que partir con ideas como fortalecer las medidas anti evasión y seguir eliminando exenciones tributarias que no se justifican, sería favorable para aumentar la recaudación en poco tiempo.
El economista y académico de la U. de Chile, Joseph Ramos, resaltó lo complejo que será que la reforma logre aumentar la recaudación en 5 puntos del PIB. “Va a ser muy difícil” , sostuvo a EmolTV, añadiendo que para sacar adelante el proyecto el Gobierno tendrá que hacer conciliaciones tanto económicas como políticas, estas últimas, “van a implicar probablemente hacer una reforma tributaria en dos etapas, hacer los temas menos conflictivos al principio -obviamente recaudando menos de 5 puntos- y los temas más conflictivos después”.
Para Ramos, los temas menos complejos serían los que tienen que ver con evasión tributaria y exenciones, aunque “cada exención va a tener un grupo de interés feroz”, también comentó que el royalty minero podría no ser tan difícil sacarlo adelante, siempre que “nos deje atractivos frente a Canadá, Australia, Estados Unidos y Perú”.
Dicho eso, expuso sus dudas respecto a que establecer como una prioridad la reforma tributaria sea la mejor estrategia política. “A la señora Juanita no le interesa la tributación, le que le interesa es si las pensiones suben, si las listas de espera en salud se acortan. A ella le interesa en qué vas a gastar”, dijo.
“Yo no haría la reforma tributaria primero (…), yo propondría, por ejemplo, reforma de pensiones y esa requiere, qué se yo, 2 puntos o 1,5 puntos del PIB, y junto al proyecto, pongo la plata que se necesita. Que haya claridad que cuando se está votando por el proyecto, se tiene que votar por el financiamiento y viceversa. Iría así proyecto por proyecto, pero eso es un criterio político, no técnico”, señaló. Esto, dado que, a su juicio, discutir un reforma tributaria completa podría tomar todo el primer año de Gobierno.
En tanto, Humberto Borges, académico Facultad de Economía y Negocios U. Alberto Hurtado, comentó que “desde el punto de vista político, es necesario dividir el proyecto”, asegurando que aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos, elevar los gravámenes verde e impulsar propuestas para disminuir la elusión tributaria, serían medidas que no debiesen tener problemas para ser respaldada por la oposición y tener una fácil tramitación en el Congreso.
“Ese sería el primer paso”, acotó, añadiendo que no ve mucho espacio para quitar exenciones tributarias a sectores como el agrícola o los camioneros. “La agricultura y la guerra (en Ucrania) está afectando a la agricultura, están en una situación complicada”, dijo, mientras que los camioneros están viviendo una situación delicada por la violencia en el sur, “entonces cobrarles impuestos o quitarle las exenciones es un golpe adicional”.
También para más adelante, Borges dejaría ideas como el impuesto al patrimonio, la desintegración y “lo que tenga que ver con el royalty”, esperando para ello lo que zanje la Convención Constitucional al respecto.
Con todo, el académico llamó a estudiar con cuidado el proyecto y evitar “errores impositivos que terminen en la reforma de la reforma. Hemos perdido seriedad a nivel mundial, ya que se han hecho cuatro reformas en dos gobiernos. Hay que hacer una buena reforma, tal vez no tan ambiciosa, pero que sí logre recaudar 2 o tres puntos (del PIB). Y lo que va a ser clave, además, es el resultado de la constituyente”.
A su vez, Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos EY, expuso que “a primera vista, parece sensato evitar incurrir en cambios estructurales ante un escenario económico tan incierto (y sin duda desfavorable). Con todo, será muy importante resguardar la coherencia si se planea impulsar dos discusiones separadas, considerando además que los costos de transacción de vivir en un estado permanente de discusión tributaria pueden ser bastante altos”.
Tras ello, indicó que entre las prioridades de la reforma está el “difícil objetivo” de configurar un sistema tributario “más justo y progresivo, pero sin que ello suponga desincentivos a la inversión.
En ese sentido, será muy importante monitorear la tasa efectiva a la que finalmente serán sometidas empresas y sus dueños, como también avanzar en las exenciones o franquicias que podrían ser injustificadas, y que quedaron fuera del proyecto aprobado vinculado a la PGU”.
“Otro aspecto muy importante será garantizar que la reforma sea coherente con las modificaciones impulsadas por la OCDE a nivel global y que se espera entren en vigencia a partir de 2023”, añadió.
¿Y qué se debe discutir primero? “Puede ser prudente avanzar en los cambios en que exista mayor consenso y que no requieran reformas estructurales”, subrayó, agregando que “sin duda” la meta de lograr una recaudación adicional de 5% del PIB es “muy ambiciosa, especialmente dentro de tan solo cuatro años (…). Chile deberá mejorar bastante más indicadores que la recaudación, si lo que busca es alcanzar dicha meta”, afirmó Fenner.
Por su parte, Alejandro Vera, Socio de WTax y ex presidente del Colegio de Contadores, expuso que “las innumerables reformas tributarias que se han impulsado en los últimos 10 años nos han enseñado que se debe enfrentar cualquier reforma tributaria de manera integral, vale decir, que sea una reforma donde todos los tributos interactúen entre ellos de manera armónica y bien estructurada”.
A su juicio, las prioridades del proyecto debiesen ser “unificar el sistema tributario y enfrentar de manera efectiva la recaudación de impuestos locales”, dejando para el final “los temas que tienen efectos más complejos, como son los impuestos a las empresas contaminantes y también a los royalties”.
Fuente: Emol.com
