Que no tienen fundamentos, que mejor se preocupen de los problemas de la gente. No importa el gobierno, la respuesta es similar. De esa forma, los voceros y voceras del ex Presidente Sebastián Piñera y la actual portavoz de Gabriel Boric, Camila Vallejo, han enfrentado las acusaciones constitucionales (AC) ocurridas en sus administraciones.
Esta semana fue el turno de la actual ministra Secretaria General de Gobierno, quien tras conocer de la intención de la oposición de presentar libelos en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, de su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, e incluso el propio Presidente Gabriel Boric, adoptó el mismo discurso.
“Esperamos que la preocupación este 2023 no esté en golpear al Gobierno, sino en poder mejorar las condiciones de vida de las personas”, dijo este miércoles desde La Moneda en su primera intervención tras las fiestas de fin de año, subrayando que si bien dichas acciones pueden ser válidas, estas a juicio del Ejecutivo son infundadas.
“Las acusaciones constitucionales son facultades de las cuales pueden hacer uso los parlamentarios, pero más allá de los fundamentos o no de estas, porque a nuestro modo de ver son infundados, necesitamos un ánimo de colaboración, solidaridad y humildad para enfrentar los problemas de la ciudadanía”, indicó.
En ese contexto, Vallejo sostuvo que “la ciudadanía no quiere pequeñeces políticas, no quiere peleas chicas, quiere avanzar en soluciones y acciones concretas que le permitan mejorar sus condiciones de vida y en eso estamos nosotros trabajando todos los días y estamos preocupados de eso”.
“Entonces, nos interesa mucho que la centralidad en la política esté puesta no en cómo me sirve esto para golpear al Gobierno o hacerle la pega más difícil, sino en cómo esto me sirve para hacer avanzar al país y entregarle a la ciudadanía soluciones”, agregó, junto con recalcar que ese tipo de acciones entorpece la acción del Gobierno.
“Insisto, es legitimo las críticas y las acciones que emprendan los parlamentarios, pero nos restan tiempo en la tramitación de leyes, en el debate público y nos dificultan avanzar en lo que espera la gente que es que nosotros, que la política, el Ejecutivo y el Legislativo, puedan darle respuestas concretas ante sus preocupaciones”, indicó.
La semana pasada, la titular de la Segegob también abordó el tema ante los anuncios de acciones en contra de la ministra Ríos, luego de la decisión del jefe de Estado de indultar a 12 presos por hechos de violencia durante el 18-O y al ex frentista, Jorge Mateluna, señalando que “uno puede cuestionar el fundamento” de la AC.
“Aunque tienen su legítimo derecho a presentarla, creo que a veces hay ánimos de responsabilizar a una ministra en clave política más que en clave constitucional”, agregó, en un mensaje similar al que planteó en junio del año pasado cuando se presentó una acusación contra la en ese entonces ministra del Interior, Izkia Siches.
“Obviamente los parlamentarios están dentro de sus atribuciones y facultades con estas acusaciones, pero no vemos fundamentos la verdad”, dijo en esa oportunidad sobre ese libelo, el cual no avanzó en la Cámara de Diputados luego de que se aprobara la cuestión previa presentada por la ex secretaria de Estado.
Reacciones de Bellolio, Rubilar y Pérez
El segundo gobierno de Piñera fue el que más acusaciones ha tenido que enfrentar, con un total de 9 presentaciones. De ellas, dos fueron las más complejas que se han revisado en la Cámara de Diputados, ya que apuntaron al propio ex Mandatario, por su rol en el 18-O y en los Pandora Papers.
De hecho, estas fueron respaldadas férreamente por Vallejo cuando fue diputada, quien cuando fue rechazado el segundo libelo en contra del ex gobernante en 2021 sostuvo que “el Senado una vez más le da la espalda al pueblo y se pone del lado de la impunidad y la corrupción, prestándole ropa a un presidente criminal”.
“Así se mellan las instituciones, así se destruye la fe pública y así Piñera sigue como si nada hubiese pasado”, aseveró a través de su cuenta en Twitter. La misma postura mostró cuando se acogió la cuestión previa que dejó sin efecto la acusación en 2019, en la que apuntó a los diputados que aprobaron el texto en redes sociales.
Ante esos procesos los ex voceros de Piñera reaccionaron de la misma forma como hoy lo hace Vallejo. Por ejemplo, el ex titular de la Segegob, Jaime Bellolio, dijo que la acusación por Pandora Papers estaba basada en “mentiras”, recalcando que “no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla”.
“Es única y totalmente hecha por razones políticas electorales de corto plazo”, añadió el ex portavoz, en un tono similar al que usó su antecesora en el cargo, Karla Rubilar, quien afirmó que la acción de 2019 “no tiene ningún sustento, no tiene ningún asidero legal y valoramos a las personas de oposición que lo ha dicho de forma fuerte y clara”.
Asimismo, indicó que era necesario preguntarse si “una acusación constitucional a un Presidente democráticamente electo suma, aporta, ayuda, o divide y destruye. Nosotros creemos que este no es el camino. Nuestro llamado claramente es a avanzar en las cosas que realmente le importan a los chilenos”.
En esa línea, Rubilar manifestó el deseo del Ejecutivo de que la acción contra el ex Mandatario ojalá se desestimara “rápidamente para que el esfuerzo del Congreso esté radicado en mejorarle la calidad de vida a los chilenos y chilenas”, tal como hizo Vallejo hace dos días desde La Moneda.
Otro momento complejo que vivió Rubilar como portavoz fue con la acusación constitucional que se presentó en octubre de 2019 contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, la cual finalmente fue aprobada por el Senado. Cuando se ingresó el libelo, la titular de la Segegob dijo que “estamos convencidos de que esto no suma nada”.
“Aquí la pregunta es: ¿suma en este ambiente, nos quita tiempo claramente de dedicarnos a discutir lo realmente importante? (…) yo quiero plantearle al Parlamento, del cual fui parte durante 12 años, donde uno tiene que tratar de hacer justicia, tratar de estar para poder sumar y representar los intereses de la gente”, indicó.
En esa línea, Rubilar recordó que “el ministro Chadwick ya no está en el gabinete, la pregunta es queremos dedicarle al tiempo a una acusación constitucional o queremos dedicarle tiempo a bajarle las tarifas eléctricas u otras demandas. La mayoría de la gente lo que quiere es eso y no un Congreso dedicado a una acusación constitucional”.
Quien también tuvo que reaccionar ante la presentación de AC fue la ex vocera Cecilia Pérez, quien ante el proceso que enfrentó la en ese momento ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que “esta acusación no tiene ningún fundamento jurídico o legal. La ministra ha cumplido el programa de gobierno”.
En otra oportunidad, Pérez expuso que “uno puede tener diferencias políticas, a uno le puede caer bien o mal un dirigente de la oposición, uno puede creer que sus ideas no están reflejadas en un Gobierno que no los representa, porque los chilenos efectivamente eligieron un gobierno de centroderecha de manera mayoritaria”.
“Pero claramente este tipo de diferencias no avalan una herramienta y un instrumento tan importante como lo es la acusación”, agregó la ex portavoz, a quien también le tocó defender al ex ministro de Salud, Emilio Santelices, quien fue acusado en 2018 por la actualización del protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales.
Fuente: Emol
