Sin distinguir entre ciudadanos extranjeros y residentes, y con un techo aproximado de $33.000 (0,5 UTM) para multar a quienes no concurran a las urnas. Ese es parte del contenido de veto que ayer ingresó el Gobierno relativo a las elecciones de octubre, donde se elegirán a alcaldes y gobernadores regionales.
La multa es más baja que la sanción que partió con un techo de $200 mil, y que luego en la comisión mixta había quedado en $160 mil, por lo que el tema ha generado ruido entre los legisladores y también entre analistas políticos.
Algunos apuntan a una “estrategia” del Gobierno para “reducir el número de votantes”, puesto que el valor de la sanción no es lo suficientemente severa como para que los electores cumplan son su deber. Pero otras voces creen que las clases más vulnerables irán a votar por el “temor” a tener que desembolsar esos $33 mil pesos, y no se descarta que la concurrencia a votar sea realtivamente alta de todas formas.
Felipe Vergara, analista político y periodista de la Universidad Andrés Bello, plantea que “algunos dicen que la multa de $33 mil es casi un voto voluntario, pero ese dinero es mucho para un sector importante de la ciudadanía. Para muchos de ellos, equivale al 5% de su sueldo”.
“Si bien no está claro que las multas por no votar se estén cobrando, no creamos que la gente no va a ir a votar porque le van a cobrar una multa de $33 mil. Sigue siendo una multa importante, para muchos sectores, sino para todos igual”, comentó.
Ayer, el analista electoral, Pepe Auth, comentó en su cuenta de X que la multa que fijó el Gobierno con su veto “desnuda su deseo de que vote menos gente”, pero cree que “a pesar de esto, apuesto que habrá 10 millones de votos válidos, como para el Consejo Constitucional”.
Retorno a “los nichos” de votos
Miguel Ángel López, analista político de la UDD, comenta que “la baja multa genera un escenario de incertidumbre respecto a la tasa de participación. Por ello, los candidatos y partidos tendrán que mirar sus estrategias de campañas con especial cuidado”.
Esto, porque “quienes se confíen en que el contexto de crisis de seguridad y estancamiento económico puede llevar apoyo a sus huestes podrían quedar cortos, y por ello, la búsqueda de nichos volverá a ser parte de las dinámicas de campaña“.
En la misma línea, el periodista y analista político Felipe Vergara, de la UNAB, comenta que “el objetivo va a seguir siendo concentrarse en aquel público que es incondicional a ti y potenciar ese público incondicional con aquellos que están dudosos y que posiblemente pueden sentirse afines a tu propuesta”.
Ahora, lo importante dice, es tener claro que todos los competidores se centrarán en el tema de la seguridad como tema principal. La clave entonces será definirla: “seguridad pero bajo qué cánones, bajo qué estándares, seguridad de los vecinos, con nuevas tecnologías, con fuerzas armadas, seguridad con el porte de armas, desde el cuidado comunitario, etc.”
“Los candidatos tienen que lograr una diferenciación en el mensaje que van a transmitir, porque los mensajes son comunes y bastante estandarizados, educación, salud, seguridad, vivienda, pensiones, pero dentro de eso tienes que buscar una micro segmentación”, comenta.
Una opinión distinta tiene Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP. A su parecer, “las estrategias no variarán mucho”. Eso sí, plantea que “en general, éstas deberán tener una mayor cobertura territorial; invertir más en redes sociales y generar una propuesta que abarque diferentes nichos electorales: jóvenes, adultos, mujeres, trabajadores”.
Rol del Gobierno
Fernández comenta que “el Gobierno está jugando en una línea moral muy delgada. Dada la naturaleza del veto enviado y el nivel de la multa, devela su verdadera intención de ahogar la participación”.
“Lo mínimo que se puede esperar es que tenga una activa campaña de información a la ciudadanía sobre las próximas elecciones. El daño al sistema obligatorio que podrían causar sus acciones y una posible omisión en la campaña informativa es un riesgo democrático que no debería correr”, sostuvo el académico UDD.
Vergara también sostiene que el Gobierno “tiene un rol clave en la participación” de las elecciones de octubre; esto es, “que propicie y promueva la participación y facilite lo más posible la asistencia a votar”.
“Es la única manera en que tú estimas la democracia, cuando promueves y das acceso a la participación ciudadana; es la única instancia en que todos realmente somos iguales, todos valemos un voto, el de clase más alta y el de clase más baja popular valemos lo mismo”, aseguró.
Sobre este punto, Fuentes afirma que “la promoción de la asistencia a votar creo que no será tan determinante. Primero, el Servel desarrollará una campaña de voto informado; y segundo, los propios partidos movilizarán a sus electores”.
“Con voto obligatorio con sanciones, la concurrencia a votar será relativamente alta en comparación a tasas de votación anterior”, zanjó.
Fuente: Emol.com
