Fabiola Freire Aguilar – Académica, Ucentral Región de Coquimbo
Un estudio PNUD (2016) refleja que un 83% de la población no se siente identificada por ningún partido político, lo que coincide con la baja afiliación a estos mismos, pero que genera una situación a lo menos atendible, ya que son militantes de estas colectividades los que ostentan cargos públicos, quienes gobiernan y toman las decisiones para la ciudadanía que los elige y donde se ven representadas las diferentes ideologías en cargos de representación popular. Convengamos que ningún ciudadano por sí solo podría llegar al poder de no ser por el apoyo de una colectividad política. Siendo así, es de suma importancia resguardar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los partidos políticos en Chile para restablecer la confianza ciudadana en los mismos.
Desde el año 2016, el índice de transparencia de partidos políticos elaborado por el Consejo para la Transparencia, fiscaliza el acceso a la información que los partidos ponen a disposición de la ciudadanía. En la medición 2018, el informe identifica dos grandes grupos de partidos políticos: un primer grupo que ha logrado internalizar una práctica constante de reportabilidad de información, publicando un estándar mínimo de datos de forma permanente en sitios web; y un segundo grupo de partidos, que casi no dan a conocer información de su organización y procesos.
Lo anterior es un avance, pero no es suficiente. Los partidos políticos se han visto desprestigiados por los múltiples hechos de corrupción de militantes, que en el uso de cargos políticos malversan recursos públicos, abusan del poder que le confieren dichos cargos y burlan la ley para conseguir beneficios propios o para sus círculos cercanos (nepotismo). Estas prácticas son las que se deben erradicar para recuperar no solo la confianza ciudadana, sino también para aumentar los niveles de participación en los procesos de elección popular. Para ello se debe asegurar un estándar ético de toda la clase política partiendo por las autoridades y que abarque toda la militancia, pero eso solo se logra con controles preventivos y sanciones fuertes y ejemplificadoras si se cometen abusos y reforzando una educación cívica sobre el fin último de la representación política que es siempre orientada al bien común.
