La repartición pública liderada por Valentina Durán desestimó los recursos interpuestos por la Asociación Indígena Aymara de Caleta de Chanavaya y Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamaq’uta Caleta de Chanavaya.
Por considerar que todas las reclamaciones relacionadas al proyecto de extensión de Collahuasi fueron tomadas en cuenta durante la tramitación ambiental del proyecto y también por el Comité de Ministros, Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, firmó este viernes la resolución por la cual se rechazan los recursos interpuestos por la Asociación Indígena Aymara de Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamaq’uta Caleta de Chanavaya. De esta manera se viabiliza la inversión de US$ 3.200 millones que contempla el proyecto.
Collahuasi es un complejo minero dedicado a la extracción y producción de concentrado y cátodos de cobre, y de concentrado de molibdeno. En este sentido, el proyecto consiste en la continuidad operacional de estas actividades por un periodo estimado de 20 años.
Esta iniciativa tiene un carácter interregional debido a que su área de influencia contemplaría las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte de la Región de Tarapacá y las comunas de Antofagasta, María Elena, Sierra Gorda y Ollagüe de la Región de Antofagasta. Considera operación en la cordillera, en el área altiplánica de la Región de Tarapacá, a 185 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique, desde el límite este de las cuencas de Coposa y Michincha hasta el límite con el sector Ductos al oeste, así como el Puerto Collahuasi: ubicado en la zona de Punta Patache, a 60 kilómetros al sur de Iquique.
Críticas de comunidades
Las reclamaciones de las comunidades indígenas se sustentan en que la empresa “no habría realizado una adecuada caracterización de la línea de base de medio humano, específicamente respecto de las asociaciones indígenas de la Caleta de Chanavaya”. Además, aducen que “el proyecto habría evaluado de manera insuficiente la eventual afectación a los recursos hidrobiológicos utilizados por las actividades extractivas de la zona, específicamente por la operación de la infraestructura de captación y descarga de la Planta Desalinizadora”.
Además, las comunidades alegaron que “durante el procedimiento de evaluación ambiental el proponente (Collahuasi) no entregó la información suficiente para descartar alguno de los efectos, características o circunstancias asociadas (…) sobre la alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos”, según se extrae del documento del SEA.
Fuente: La Tercera
