Diversas tensiones se han manifestado entre las huestes oficialistas durante esta semana a raíz de la crisis de seguridad y la discusión presupuestaria del ministerio de Educación para el 2024.
Esto, a pesar de los esfuerzos de proyectar una imagen de unidad en el oficialismo y dejar atrás las rencillas que se arrastran desde el inicio de la administración del Presidente Boric.
Seguridad
En el tema de orden público, que se tomó la agenda por segunda semana seguida, los parlamentarios de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático mantienen disensos sobre la forma de abordar la criminalidad en el país.
El pasado 8 de noviembre, el Partido Comunista rechazó parte del veto del Gobierno a la ley de Usurpaciones en la Cámara, concitando recriminaciones en la coalición hermana. La colectividad se opuso a la idea de disponer una pena de presidio a las usurpaciones no violentas, lo que generó la réplica del jefe de bancada de diputados PS, Daniel Manouchehri.
El parlamentario apeló al respaldo al Gobierno en situaciones que son “extremadamente relevantes como estas”. “No se puede ser solo Gobierno para tener cargos en el Gobierno”, criticó.
La situación dejó al Ejecutivo disconforme y en una posición incómoda para afrontar la serie de hechos delictuales que han acontecido en las últimas dos semanas. El aumento en el delito de secuestros y el ataque con una granada hacia una efectiva de Carabineros fue el pináculo que agudizó la crisis de seguridad y que abrió nuevamente este flanco para el Ejecutivo.
Evaluar la continuidad de la ministra del Interior, Carolina Tohá y del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; decretar estado de excepción constitucional en todo el país; convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y aplicar una serie de petitorios en materia de orden público, es parte de los requerimientos que parlamentarios han hecho al Gobierno.
A su vez, el Ejecutivo volvió a citar en La Moneda a exautoridades de Interior. Mientras que a fines de octubre, el ministerio convocó solo a los exsubsecretarios del Interior a la sede de Gobierno, este jueves extendieron la invitación a exministros de la cartera.
En privado, algunas de estas exautoridades interpretan este gesto como una forma de buscar respaldos por otro lado, a la luz de las diferencias oficialistas que provoca la agenda de seguridad.
Educación
Cabe destacar que el Gobierno sufrió un duro golpe en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 en lo que se refiere al Ministerio de Educación. Con votos de la oposición y del oficialismo, se rechazaron los recursos destinados a los Servicios Locales de Educación (SLEP), en medio de fuertes críticas por la “desmunicipalización”.
Además del rechazo de figuras de Chile Vamos, el Partido Republicano y la Democracia Cristiana, se sumaron los votos de la bancada del Partido Por la Democracia, lo que fue objetado por los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Desde el PC parafrasearon los dichos que vertió el diputado Manouchehri (PS) en lo que fue la votación del veto a Usurpaciones. “Tal como nos han emplazado a nosotros muchas veces, que para ser Gobierno no basta solo con ocupar cargos sino que también es importante hoy día ser un agente dinamizador y colaborativo”, sostuvieron.
“A nosotros nos parece que este es un tema fundamental para el Gobierno y en donde efectivamente se espera que los diputados y las diputadas oficialistas estén cuadrados con la posición del Gobierno”, sostuvo la diputada Camila Rojas (Comunes)
Caso Convenios
La trama fundaciones también ha radicado en una tensión entre las coaliciones de Gobierno, particularmente en lo que respecta la relación del Partido Socialista con Revolución Democrática.
A más de cinco meses desde que se destapó la arista matriz del Caso Convenios, es decir el escándalo “Democracia Viva”, un patrón se ha hecho evidente en la fórmula que ha aplicado el Gobierno para corregir la trama: Se fortalece a el PS en detrimento de RD.
Lo anterior fue evidente con el nombramiento que este martes se conoció del socialista, Hernán Rodríguez, como Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta. Un rol que detentó el exmilitante de Revolución Democrática, Carlos Contreras, cuando la partición suscribió un millonario convenio con fundación Democracia Viva, que a su vez era representada por su correligionario y exasesor del ministerio de Defensa, Daniel Andrade.
En el pasado, la presión que la oposición ejerció sobre el Gobierno, derivó a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD) y la permanencia del titular de Vivienda Carlos Montes (PS). Sobre ambos pesaba la amenaza de acusación constitucional en su contra.
Previo a este episodio, la responsabilidad política del caso Convenios, la cobró el Gobierno sobre la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).
De hecho, hoy el peso de la responsabilidad aún se le endosa a la otrora subsecretaria. Así lo han hecho los propios RD, Miguel Crispi, Catalina Pérez -en calidad de militante suspendida- y el senador Juan Ignacio Latorre, quienes dicen haber concurrido a ella para manifestar la información parcial que manejaban sobre el traspaso de recursos.
Actualmente, los rostros del gabinete sindicados como responsables políticos del caso, siguen siendo un PS y un RD. El ministro Montes se mantiene en la mira de la oposición, mientras que el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, está cuestionado por no haber avisado al Presidente del “rumor” de Democracia Viva, que fue como el exsubdere tildó el conocimiento que manejada del convenio suscrito con la entidad antes del 16 de junio.
Fuente: Emol.com
