Enero de 2024.- En medio de un alarmante aumento del robo de minerales, con especial énfasis en el cobre, la senadora por la región de Atacama, Yasna Provoste, lidera un proyecto de ley destinado a enfrentar esta creciente amenaza que, en los últimos años, ha venido acompañada de una escalada en violencia, organización delictiva y cuantías económicas comprometidas.
La propuesta legislativa, que ya está en condiciones de iniciar su tramitación en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, fue presentada junto a los senadores Iván Flores (DC), Rafael Prohens (RN), José Miguel Insulza (PS), y Esteban Velázquez (FRVS), y plantea, puntualmente, modificar el Código Penal para garantizar sanciones más eficaces e integrales, abordando todas las fases del delito y sus diversas aristas.
Al respecto, Provoste destacó la importancia de implementar planes de fiscalización más robustos para la trazabilidad en los procesos de producción, procesamiento, fundición, venta y exportación en la mediana y pequeña minería como medida preventiva.
“La creciente complejidad y especialización de las actividades criminales requiere una acción legislativa que aborde cada fase del “sistema o cadena delictiva” que se ha formado en torno a estos robos”, explicó la legisladora, agregando que “en diversas comunas mineras, de la mediana y pequeña minería, especialmente en la región de Atacama, han denunciado robos de concentrado de cobre, con la opción de venta a ENAMI o a compradores nacionales de mayor envergadura para su exportación. Allí la importancia de prevenir y sancionar estos delitos”.
Panorama delictual
Tal como expresa el documento, la geografía de los yacimientos y las rutas de transporte en el norte de Chile ha propiciado que los delitos de robo de minerales se cometan en áreas deshabitadas, lo que, bajo la legislación actual, resulta en penas relativamente bajas.
A esto se suma, la falta de sanciones efectivas y la facilidad con la que aquellos que transportan material no acreditado solo enfrentan acusaciones de receptación, generando un escenario de bajos riesgos y altas ganancias para los delincuentes, lo que se a evidenciado por un nuevo decomiso, esta vez de 176 toneladas en una operación valorada en 2.600 millones de pesos en noviembre de 2023.
Este impacto se ha extendido a los puertos nacionales, con el robo de 12 contenedores de Codelco valuados en 3.600 millones de pesos en mayo de 2023. Además, la vulnerabilidad en las cadenas logísticas y de información de las empresas mineras y contratistas ha permitido una penetración delictiva, dejando en claro la necesidad de abordar esta vulnerabilidad con una legislación integral.
Proyecto de Ley
En lo fundamental, la idea matriz de la iniciativa presentada por la senadora Yasna Provoste, plantea “modificar el Código Penal para lograr una sanción más eficaz e integral sobre los delitos que se realizan en torno al robo de minerales en todas sus variables y tipos, considerando de manera integral a los individuos y organizaciones criminales que se benefician del mismo en sus distintas aristas y fases del delito”.
Puntualmente, el texto legal propone que:
– El que robe o hurte minerales en forma de cátodos, lingotes u otra equivalente, comete sustracción de minerales, será sancionado con las penas que el Código Penal indica para los delitos de robo y hurto común, pero aumentadas en un grado; y con multa de 100 a 200 UTM, equivalente a $6 millones y $12 millones de pesos.
– Se castigará como autor de sustracción de minerales, con las penas previstas, a aquel en cuyo poder se encuentren cátodos o lingotes de minerales, cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia.
– El que, con el fin de cometer el delito señalado en los artículos anteriores, falsifique o maliciosamente haga uso de certificados, guías o formularios falsos para facilitar el transporte o comercialización de las especies sustraídas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
