La senadora Yasna Provoste valoró la presentación del proyecto de ley por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca avanzar en la reparación de la deuda histórica que ha afectado a miles de profesores por décadas.
La parlamentaria, conocida por su incansable defensa de esta causa, resaltó la trascendencia de esta iniciativa y su conexión con la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2021 contra el Estado de Chile, por la vulneración de los derechos de los docentes.
“Por fin el gobierno del presidente Gabriel Boric envía al parlamento un proyecto de ley de reparación, de reconocimiento también, a la deuda histórica. Esto ocurre en momentos en que, en diciembre de 2021, antes que asumiera el actual gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Chile por esta materia”, señaló Provoste, subrayando el carácter histórico de este avance.
La senadora por Atacama enfatizó que el fallo de la CIDH marcó un precedente significativo al declarar que el Estado había violado los derechos humanos de los profesores al negar justicia y el legítimo pago de sus remuneraciones.
“La condena que realiza la Corte Interamericana fue muy importante. Fue un elemento clave que también se levantó en el programa del presidente. Yo quiero valorar y reconocer que hoy se haya presentado este proyecto al parlamento, y esperamos que tenga una rápida tramitación, de manera que se pueda avanzar en justicia para tantos profesores y profesoras”, añadió.
Provoste enfatizó en la necesidad de darle celeridad a la tramitación de este proyecto, recordando que muchos de los docentes afectados ya no están para ver concretada esta reparación: “Esta es una deuda que trasciende gobiernos; es una deuda con la dignidad, la justicia y la memoria de quienes dedicaron su vida a la enseñanza”.
Finalmente, la parlamentaria reafirmó su compromiso con esta causa y aseguró que continuará trabajando desde el Senado para que esta medida sea aprobada con celeridad y se convierta en un acto concreto de justicia para el magisterio chileno.
