La agenda contempla una serie de estímulos tributarios que se incorporarán a la reforma que actualmente se tramita en el Congreso, y que implicarán un gasto de US$1.500 millones para inversiones que se ejecuten en 2023.
Dinamizar la economía y acelerar los procesos de inversión. Estos son los grandes objetivos que persigue el paquete de medidas anunciado este lunes por el Gobierno con el que se busca potenciar la actividad, en medio del complejo momento que vive el país.
La agenda pro inversión, que recobró fuerza después del Plebiscito constitucional, y fue difundida a fines de la semana pasada con el sector empresarial, contempla seis ejes, entre los cuales destacan: estímulos tributarios para la inversión; mejoras al acceso al financiamiento, infraestructura para el desarrollo, promover la inversión extranjera; mejoras a la eficiencia de los procedimientos de regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.
De acuerdo a estimaciones del Ejecutivo, la concreción de esta agenda permitiría impulsar la inversión total en, al menos, 5 puntos porcentuales durante 2023, con arrastres adicionales en 2024.
Esto, en un escenario de profunda desaceleración, con una inflación desbordada y estimaciones que apuntan a una contracción del impulso externo de 3,3% para este año, y de 4,7% el próximo, de acuerdo al último Informe de Política Monetaria (IPoM) elaborado por el Banco Central.
Lo anterior se cruza además con la tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara de la reforma tributaria del Ejecutivo -columna vertebral del programa de Gobierno-, instancia que, justamente, estaba a la espera de las indicaciones prometidas por las autoridades para fomentar el ahorro y la inversión, lo que, finalmente se concretó este lunes. ¿El objetivo? que el proyecto no se enfoque solamente en recaudar, sino que también en incentivar el crecimiento.
Cabe recordar que la propuesta comenzó a ser analizada por los parlamentarios de la comisión a principios de julio, y después de escuchar una serie de audiencias, La Moneda se abrió a incorporar una serie de modificaciones, las que serían presentadas por el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel, este martes.
De esta manera, este conjunto de nuevas medidas para la reforma tributaria implicarán un gasto de US$1.500 millones para las inversiones que se ejecuten en 2023. La primera de ellas plantea un cambio en el mecanismo de compensación por postergación del pago del impuesto a la renta a través de sociedades con rentas pasivas.
También, se incorpora un incentivo tributario a proyectos de inversión con efecto multiplicador verde, creando un fondo de US$500 millones de créditos tributarios contra impuesto de primera categoría, que se asignarán a proyectos de inversión que tengan un alto efecto multiplicador.
Asimismo, se pondrán a disposición mecanismos transitorios de depreciación semi instantánea durante el año 2023, similar al llevado a cabo en la reforma tributaria del 2020. Además, habrá una postergación de la entrada en vigencia de cambios respecto del tratamiento de las pérdidas tributarias, y una rebaja de tasa ad valorem para proyectos nuevos y de expansión.
También, habrá una extensión de la reducción en el impuesto de primera categoría para las pymes por dos años, para converger de manera gradual a la tasa de primera categoría permanente de 35%. En esa línea, el año 2023 obtendrán una tasa de 15%, mientras que el 2024 la tasa será del 20%. Finalmente, se restablecerá el tratamiento tributario de los contratos de leasing, derogando la medida incluida en la ley 21.420 de enero de 2022.
“Será más bien acotado”
¿Qué dicen los economistas? Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, estas iniciativas “son, sin duda, una buena señal. Reconocen la urgencia de recuperar la inversión, en medio de un escenario especialmente complejo”.
A propósito de los cuestionamientos que han surgido por el impacto que la discusión tributaria tendría sobre el crecimiento económico, manifestó que las propuestas “están centradas más bien en el corto plazo, por lo que buscan contener la caída prevista para la inversión en 2023”.
En esa línea, Lehmann advirtió que “el efecto será más bien acotado mientras no veamos cómo se despejan los tremendos desafíos económicos y políticos que enfrentamos en lo próximo, y que son parte esencial de cualquier evaluación de proyecto de inversión”.
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, en tanto, mencionó que “las medidas van en la dirección correcta para enfrentar un escenario recesivo, como muy probablemente afrontemos en los próximos meses. La mayor inversión en infraestructura, contribuirá a mantener y, eventualmente incrementar, el empleo y el consumo”.
“La alianza público privada pro inversión, la promoción de la inversión extranjera y las mejoras en el acceso a financiamiento, van claramente encaminadas a incrementar la inversión”, añadió.
Desde otra vereda, Esteban Vianí, economista y académico de la Universidad Autónoma, aseguró que “en términos tributarios, la agenda de inversión presentada por el Gobierno no nos ofrece mucha novedad”.
Y puso el foco en el financiamiento, diciendo que “nos enfrentamos a un escenario recesivo y, con seguridad, el próximo año vamos a estar con decrecimiento, por tanto, es necesario considerar que el presupuesto del año 2023 va a tener que ser contractivo”.
“En ese escenario, mi pregunta es si es que el Gobierno va a ponerle freno al gasto para poder financiar lo que se propone en este plan, o si van a buscar recaudar más a través de la reforma tributaria que han anunciado. Si es esto último, mi opinión es que los resultados van a estar muy lejos de lo que este Gobierno espera”, recalcó Vianí.
Finalmente, Felipe Berger, economista y académico de la Universidad del Desarrollo, declaró que, considerando el contexto actual, “es importante que se den directrices que sean de más largo plazo, porque cuando hablamos de inversiones cuantiosas, que, de alguna manera, implican inversiones en el largo plazo, las empresas, los inversionistas, necesitan tener certezas de estas medidas en el largo plazo. Por ejemplo, si se aplica una medida transitoria, que solamente va a regir por un año o por dos años, ese incentivo no es lo suficiente como para atraer inversión a largo plazo”.
Y expresó que inversiones sobre cinco o diez años “necesitan certezas en esa temporalidad, y creo que este paquete de medidas está un poco al debe con respecto a que sean medidas más permanentes, y no tan transitorias”.
Fuente: Emol
