El Tribunal Supremo de Singapur concedió este jueves la suspensión temporal de la ejecución prevista el viernes de un ciudadano malasio condenado por narcotráfico, después de que la víspera fuera ajusticiado otro preso por el mismo delito pese a las protestas, informó Amnistía Internacional (AI).
Datchinamurty Kataiah se defendió a sí mismo ante el tribunal, ya que ningún abogado se atrevió a representarle por miedo a represalias de este estado de régimen semiautoritario, según explicaron en Twitter AI y el abogado y activista malasio N. Surendran.
La suspensión momentánea de la ejecución se produce un día después de que fuera ahorcado -el método de Singapur para aplicar la pena capital- Nagaenthran -Nagen- Dharmalingam, de 34 años, que presentaba una discapacidad intelectual.
Esta característica del preso alimentó dentro y fuera del país la controversia sobre su ejecución, en un país que apenas informa de las ejecuciones -la mayoría de narcotraficantes- y censura los asuntos controvertidos en la prensa.
Al menos 300 personas se concentraron el lunes en el parque Hong Lim de Singapur-–el único lugar donde el gobierno permite la convocatoria de protestas- para pedir la suspensión de la ejecución de Nagen y de Kataiah.
El caso provocó que la Unión Europea pidiera el miércoles a Singapur que ponga fin a la pena de muerte después de que su delegación en la ciudad-Estado asiática hubiera solicitado con anterioridad que se revisara la sentencia de Nagen.
Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió el lunes al Gobierno de Singapur a detener las ejecuciones de ambos.
Las autoridades de Singapur, país en el que coexisten altos niveles de desarrollo con prácticas brutales y arcaicas como la horca, defienden que las ejecuciones son necesarias para disuadir del consumo de estupefacientes, sin que haya datos que lo respalden, y que son apoyadas por la mayoría de sus ciudadanos.
Fuente: Emol.com
