La sobrepoblación en las cárceles de la región de Atacama ha llegado al 100%, generando una grave preocupación en el sector de justicia. Para abordar esta problemática, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses, lideró la formación de la primera Mesa de Supervisión Penitenciaria de la región, que reúne a diversos organismos encargados de la administración, supervisión y fiscalización de los centros penitenciarios en la jurisdicción.
La primera reunión de esta Mesa contó con la participación del defensor regional, Raúl Palma, la jefa de estudios de la Defensoría, Violeta Villalobos, el juez presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, Ubaldo Basoa, el fiscal adjunto Leonel Ibacache, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Marcia Quezada y el abogado de esa entidad, Jorge Puelles.
El fiscal judicial, Carlos Meneses, destacó los objetivos de la Mesa, que busca sistematizar a nivel nacional los esfuerzos realizados durante varios años por la Fiscalía Judicial para unificar criterios y acciones en la fiscalización de los centros penitenciarios. Subrayó la necesidad de canalizar denuncias por infracciones al régimen penitenciario, fortalecer la colaboración entre organismos relacionados y visibilizar las necesidades y dificultades de los recintos penitenciarios en Atacama, que incluyen problemas severos de infraestructura y sobrepoblación.
Meneses explicó, que, el escaso espacio en los recintos penitenciarios de Atacama para los privados de libertad pone en serio riesgo la intervención estatal para reinsertar a los condenados.
Durante la reunión, el defensor Raúl Palma presentó cifras actualizadas sobre la población penal en las cárceles de Atacama, resaltando el grave desequilibrio entre la capacidad de alojamiento y la población carcelaria. Por ejemplo, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó alberga a 659 internos, superando ampliamente su capacidad máxima de 242. Similar situación se observa en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral. En total, estos tres recintos suman 1,106 internos en una capacidad total de solo 514 espacios disponibles.
Por su parte, el juez presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, Ubaldo Basoa, destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida de los reclusos, subrayando que la situación carcelaria es un eslabón crítico en el sistema de seguridad del país, explicando que, si no se tiene acceso a la reinserción, solo estarán aprendiendo nuevas técnicas para delinquir.
Es importante destacar que, a pesar de ser invitados, los representantes de Gendarmería Atacama no asistieron a esta reunión.
La Mesa de Supervisión Penitenciaria de la región de Atacama continuará trabajando para abordar los desafíos relacionados con la sobrepoblación penitenciaria y mejorar las condiciones en los recintos penales, con la esperanza de lograr una reinserción efectiva de los privados de libertad en la sociedad.
