El próximo lunes 11 se inician las matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2024, un dolor de cabeza para miles de padres y apoderados por la problemática que cada año se produce y que, según cifras oficiales, ha dejado fuera del sistema a poco más de 50 mil estudiantes de todo el país.
La diputada por Atacama Sofía Cid viene denunciando la situación hace años y pidiendo cambios, sin embargo, el gobierno hace oídos sordos.
Ante esta sordera gubernamental, y en compañía de diputados de la Comisión de Educación de la Cámara, la parlamentaria envió un oficio al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y a la directora del INDH, Consuelo Contreras, para que “hagan uso de sus competencias legales con el objeto de cesar vulneraciones de derechos en el marco de la aplicación de las reglas que incorpora el Sistema de Admisión Escolar”.
“Los estudiantes de Atacama, lamentablemente, fueron el conejillo de indias de una reforma a la educación fracasada, viendo vulnerados sus derechos al mantenerlos más de 70 días sin clases y que además, los somete a una tómbola que decide dónde deben estudiar. Dos políticas públicas impulsadas por este Gobierno que fracasaron”, dijo la parlamentaria.
“La situación es dramática si pensamos en los estudiantes que este año salieron de cuarto medio, que además de estar casi la mitad de este año sin clases por el paro de profesores, ya tuvieron que estar dos años encerrados en la pandemia”, agregó.
La diputada Sofía Cid fue tajante: “Nuestros niños no pueden seguir perdiendo oportunidades por culpa de un Gobierno ineficiente. La próxima semana veremos nuevamente filas de padres acampando para postular a sus hijos a un colegio y que terminarán siendo víctimas de la tómbola, impidiendo entregar a sus hijos la educación que merecen. Por eso, pedimos a organismos internacionales que evalúen el sistema y nos digan si se respetan los derechos de sus alumnos”, finalizó.
En el oficio, firmado además por los integrantes de la comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey y la diputada Camila Flores, se precisa que el “Sistema se ha asociado también al gran número de niños y adolescentes desertores del sistema educativo: mientras en 2022 el número de estudiantes que no se matricularon superó los 50.000, para 2023 se cifró en 50.814”. Y en este punto se señala que muchas familias “han preferido sistemas de formación distintos al escolar”.
También se indica que pese a los magros resultados del SAE desde su implementación en 2016, existe una “negativa en reformar el mecanismo y suplir los graves déficits que presenta (el sistema) termina por afectar de manera grave el derecho a la educación de decenas de miles de niños y adolescentes del país, derecho que no solo posee un reconocimiento a nivel interno en la Constitución Política, sino que además en la totalidad de tratados internacionales que han sidos suscritos por Chile”.
En sus párrafos finales se solicita tanto al Defensor de la Niñez como a la Directora del INDH, que ejerzan sus atribuciones legales y que intermedien “ante el Gobierno y recomendar a este que impulse las modificaciones necesarias al Sistema de Admisión Escolar atendido a cómo este (…) afecta el derecho de la educación de los niños y adolescentes del país”.
Concluyen además que intercedan ante el gobierno y la UNESCO “a fin que esta última organización elabore una evaluación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y de sus consecuencias en el ejercicio de los derechos y libertades que aseguran los Tratados Internacionales del Sistema Universal de protección a los Derechos Humanos”.
