Este miércoles se cumple el segundo día de movilizaciones que realizan trabajadores y trabajadoras de la empresa Vicsa de Vecchiola, debido al incumplimiento del pago de sueldos e imposiciones entre otros compromisos.
Esta jornada, las autoridades se refirieron al tema. En primer lugar, desde la dirección del Trabajo indicaron que desde que se iniciaron las distintas movilizaciones por el mes de febrero de este año, han sido decenas de fiscalizaciones las que se han desarrollado a esta empresa, las que fueron acogidas, tramitadas y que tuvieron sus respectivas resoluciones y multas asociadas.
Junto a ello, el director regional de la Dirección del Trabajo, Sergio Santibáñez, sostuvo que han agotado todas las instancias que le compete la normativa para apoyar a los trabajadores, incluso conformando mesas de trabajo, donde la empresa ha incumplido con los compromisos pactados.
La autoridad del trabajo habla derechamente de la irresponsabilidad de la empresa, que ha sido acreditada en más de 15 veces, por lo que, explica que continuarán acompañando a los trabajadores a través de orientaciones, incluso para las personas que han sido desvinculadas a través de mensajes de WhatsApp.
Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas, el seremi de la cartera, Mauricio Guaita, indicó que, si bien hasta hace unos meses habían cerca de 10 proyectos ejecutándose por parte de la empresa Vicsa, de momento son 2 los que se encuentran con mayor complicación, situación donde se estudia el término anticipado de los contratos.
Si bien, en esta movilización incluye a funcionarios administrativos que pertenecen a la casa matriz, desde el MOP explican que, en ese caso, no se puede hacer mucho, ya que, lo que le compete al Ministerio de Obras Públicas tiene relación a los trabajadores asociados a un proyecto en ejecución, solo relacionados a sueldos y cotizaciones previsionales.
Para este caso, incluso para el pago de finiquitos, lo que el fiscal regional de Obras Públicas, Víctor Herrera, aconseja, es que, los trabajadores deben interponer ante los tribunales laborales la correspondiente denuncia para que, a través del Juzgado se mandate al Ministerio de Obras Públicas a retener los pagos a la empresa.
Una situación que, por el comportamiento de esta empresa, está lejos de terminar, por lo que los trabajadores y trabajadoras se mantienen en movilización en el frontis del edificio de la compañía y con los ojos puestos, por parte de las autoridades, de cómo se va desarrollando el tema.
