La administración del presidente Donald Trump ha impulsado una controvertida medida que busca forzar la salida de miles de inmigrantes al clasificarlos falsamente como fallecidos, revocando sus números de Seguro Social y con ello, su acceso a empleo, servicios financieros y beneficios básicos.
Según fuentes cercanas al proceso citadas por medios estadounidenses, al menos 6.000 inmigrantes vivos han sido incorporados en la base de datos federal utilizada habitualmente para registrar defunciones. Esta estrategia, que no ha sido oficialmente detallada por el gobierno, impediría a los afectados mantener una vida funcional en Estados Unidos, incentivando lo que las autoridades han calificado como una “autodeportación”.
La medida afectaría particularmente a personas que ingresaron al país durante la administración de Joe Biden bajo programas temporales, como el uso de la aplicación CBP One, que permitía la permanencia por dos años con autorización laboral bajo libertad condicional presidencial. Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó esos permisos de manera generalizada.
Aunque no se ha especificado cómo fueron seleccionados los afectados, el plan incluiría a inmigrantes procedentes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes estaban amparados por estatus legales temporales. Una jueza federal ya bloqueó temporalmente la expulsión de este grupo, mientras se evalúan las implicancias legales de la decisión.
Por su parte, la Administración del Seguro Social aún no ha emitido comentarios sobre la inclusión de personas vivas en su base de datos de defunciones, que contiene más de 142 millones de registros históricos, informa la Agencia AP.
Paralelamente, se confirmó un acuerdo entre el DHS y el Departamento del Tesoro que permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a los datos fiscales de los inmigrantes a través del IRS, intensificando la fiscalización y posibles procesos de deportación. La decisión generó la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause.
Organizaciones como Democracy Forward han anunciado que evalúan presentar demandas contra esta política. Su presidenta, Skye Perryman, acusó a Trump de “comportamiento ilegal” y de vulnerar principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
La controversia se suma a una larga lista de medidas impulsadas por Trump enfocadas en restringir la inmigración, y anticipa una fuerte batalla judicial en los próximos meses.
Fuente: ADN Radio
