Cuando los partidos políticos negociaron el Acuerdo por Chile para habilitar un segundo proceso constituyente, establecieron un nuevo máximo al gasto electoral para los futuros candidatos a consejeros constitucionales.
Luego de que el Congreso despachara a ley la reforma constitucional que permite un nuevo proceso constituyente -nacido del Acuerdo por Chile que fue firmado por una amplia mayoría de los partidos político- el gobierno se prepara para promulgar dicha moción parlamentaria. Cuando eso ocurra, el itinerario constituyente quedará listo para partir y, junto con eso, las futuras campañas políticas para competir por los escaños del Consejo Constitucional.
El segundo proceso para escribir una propuesta de nueva Constitución no ha estado exento de polémica, sobre todo en los temas que tienen relación con los gastos que conlleva la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Por ejemplo, al inicio de la tramitación de la reforma, en uno de sus intentos por ser un proceso más austero, se abrió un debate respecto de que quienes fuesen seleccionados como expertos y árbitros, en un principio, no recibiesen una remuneración por su trabajo en el Consejo. Sin embargo, la medida fue criticada transversalmente, en donde, incluso, el presidente de la República, Gabriel Boric, se pronunció.
El tema del costo del proceso fue un asunto debatido por los partidos cuando negociaron el acuerdo. Por eso en uno de los puntos del pacto optaron por la reducción de costos y eso lo hicieron con las campañas. Así fue como optaron por limitar aún más el gasto para los candidatos a integrar el Consejo Constitucional, las cuales corresponderán a un tercio del total del límite del gasto electoral que establece la ley 19.884para las candidaturas al Senado.
Qué establece la ley
El punto hace referencia al inciso segundo del artículo 4 de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en el que se establece que las campañas de senadores no podrán exceder las 1.500 UF, más otras sumas por 0.02 UF, 0,015 UF y 0,01 UF cada 200.000 electores (0,02 UF y 0,015 en las primeras tandas de 200.000 electores, posteriormente corresponde a 0,01 por la cantidad de electores restante) de la circunscripción a la cual corresponda la candidatura.
El proceso que se aproxima tendrá similitudes con la Cámara Alta, como la utilización de circunscripciones en el proceso de elección de consejeros, así como la cantidad de puestos que habrá en el Consejo -50 escaños-, pero es el nuevo límite de gasto total en la campaña lo que diferencia considerablemente a una de la otra.
Así, el límite de gasto para las candidaturas a consejeros constitucionales, por ejemplo, en la circunscripción 7, que es la que cuenta con más electores -Región Metropolitana: 5.877.326, según los datos del Servel para el Plebiscito 2022-, y con el valor de la UF actual, no superaría los $ 742.659.343. De no haberse implementado la medida el gasto podría ascender a $ 2.227.978.031.
En otro ejemplo, pero ahora considerando la circunscripción 14 de Aysén que es la que tiene el menor número de electores (97.877 ciudadanos aptos para votar), el límite llegarpia a los $ 40.582.299 millones versus los $ 121.746.898 millones de la elección de senadores en esa zona.
Diversas perspectivas
Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, el punto propuesto en la reforma es razonable: “Los montos que hoy se contemplan son altos, especialmente en las circunscripciones más grandes. Viendo que estamos en un segundo proceso constituyente y ante una situación económica que no es la mejor, pareciera pertinente reducirlo”.
Ello permitiría, según Jaraquemada, “emparejar la cancha electoral”. Pero la abogada enfatiza que esta medida debería ir acompañada por otras complementarias. Una de ellas, propone, es la ampliación de las atribuciones con las que cuenta el Servicio Electoral, como fiscalización en terreno o auditorías aleatorias. De todas formas, considera que la ciudadanía valora el reducir los costos fiscales de las candidaturas.
Por su parte, el expresidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, también opina que los montos actuales son altos. Dice que esta modificación, en forma permanente, “devolvería a la política el verdadero sentido del servicio, restándole importancia al dinero y a los contactos”. Sin embargo, tiene dudas sobre el momento en el cual se aplica, dado que podría elitizar al Consejo.
Por parte de los diputados, a los que les tocó participar de la tramitación de la reforma constitucional, Catalina Pérez (RD), quien es parte de la Comisión de Constitución de la Cámara, mencionó que “el proceso constitucional tendrá por principio la austeridad, el cuidado de los recursos públicos y la igualdad de condiciones para la expresión de ideas de todos los sectores”. La también vicepresidenta de la Cámara añadió que es necesario que el Servel fiscalice para “que no se generen desigualdades en los gastos de las campañas”.
Fuente: La Tercera
