Si no fuera por el senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, la derecha habría perdido 0-14 en la sesión del Senado de este miércoles, donde se sometió a votación el paquete de observaciones (vetos en la jerga legislativa), que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones.
Incluso, en las observaciones en que la oposición se allanó a aprobar, el voto favorable fue siempre a regañadientes para optar “por el mal menor”, según decían.
Fue gracias al voto imprevisible del magallánico -que en otras materias votó relativamente alineado con el oficialismo- que la derecha al menos pudo rechazar el veto número 4, que eliminaba la pena de presidio a las llamadas tomas “no violentas”, según la terminología jurídica (es decir, donde no hubo agresiones contra personas, intimidaciones ni daños materiales).
La asistencia fue otro factor que tampoco acompañó a la derecha en esta jornada. De sus 25 senadores, nueve se ausentaron por razones de salud, viajes y otros asuntos políticos. Entre los que no estaban presentes figuraban los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de RN, Rodrigo Galilea, en quien eran los únicos pareados formalmente, es decir, su ausencia estaba compensada con el compromiso de un representante del oficialismo de no votar.
Tampoco estaba el jefe de bancada de Renovación, Manuel José Ossandón, quien además es miembro de la Comisión de Seguridad, instancia donde se discutió la Ley de Usurpaciones.
También se ausentaron Alejandro Kusanovic (independiente RN e integrante de la Comisión de Seguridad), Sergio Gahona (UDI), Paulina Núñez (RN), Juan Castro (indep. RN), Rojo Edwards (republicano) y Sebastián Keitel (Evópoli).
Si bien la mayoría de ellos estaba “pareado” , tres de los 9 legisladores de derecha no alcanzaron a parearse.
Ello incidió en que siempre la derecha estuvo en minoría, por lo que nunca pudo ofrecerle pelea al gobierno y poner en riesgo la aprobación de los vetos presidenciales, salvo en el punto que contaron con el subsidio de Bianchi.
El problema es que ese “gol del honor” (según la jerga deportiva), tampoco sirvió de mucho. ¿La razón? La Constitución y las leyes le otorgan poderosas herramientas al Presidente de la República para imponer su voluntad.
Por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso señala que cuando una de las observaciones presidenciales es desechada, los legisladores deben contar con dos tercios de la Cámara y del Senado para reponer el texto que hubiera despachado originalmente el Parlamento. En caso de no reunir ese alto quórum, la legislación dice que no habrá ley en la parte objetada por el Presidente.
Por lo tanto, al votarse la insistencia de este único punto rechazado (el veto número 4), la oposición no tuvo los votos suficientes y el gobierno igual logró su objetivo de suprimir las penas de cárcel para tomas sin violencia física ni verbal.
Es tan poderosa la facultad presidencial en este plano, que este punto ni siquiera debiera votarse en la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo que se haga una deliberación simbólica en este tema.
Dentro las 13 observaciones que siguen en carrera, ya hay otros cuatro vetos (los números 1, 2, 7 y 8, que suprimían elementos del texto del Congreso), en los que el gobierno también ya impuso su voluntad independiente de la votación en la Cámara.
Uno de ellos eliminaba la llamada “legítima defensa privilegiada”, que permitía a un privado recurrir a la fuerza con medios propios para recuperar una propiedad. Otro suprimía la referencia a las usurpaciones “transitorias” y le quitaba la pena de cárcel más alta a las tomas con “daños”. Otro borraba el marco rígido para que el juez sólo aplicara castigos severos. Y el último, eliminaba la redacción original de la “flagrancia permanente” del delito de usurpación.
En estos cuatro puntos, aun cuando la Cámara los rechace, automáticamente se genera la discrepancia con el Senado y, por lo tanto, tampoco habrá ley en esas materias.
En la Cámara, los diputados opositores ya estaban conscientes de que al menos cinco observaciones (cuatro aprobadas y una rechazada) no se pueden revertir. Un diputado de derecha explicaba que antes de entrar a jugar el segundo tiempo del veto, ya van con 5 goles en contra.
La Ley de Usurpaciones surgió de la fusión de un par de mociones de senadores de derecha que buscaban endurecer las sanciones en contra de las ocupaciones de propiedades y agilizar los procesos policiales y judiciales para la restitución y el desalojo de estos inmuebles.
Esta iniciativa se había transformado en el tema más emblemático de la agenda de seguridad que está tramitando el Congreso y el gobierno.
Por ello, en la oposición reaccionaron airadamente cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), anunció que el Presidente haría algunas correcciones a través de conjunto de “vetos” a la iniciativa, despechada el 30 de agosto por el Congreso.
Estas observaciones ingresaron al filo del plazo constitucional, el 29 de septiembre.
Si bien hubo un intento de llegar a un acuerdo, a través de una mesa técnica entre gobierno y oposición, al final quedó un nudo: la decisión del Ejecutivo de buscar una sanción menos severa para las llamadas tomas “no violentas”.
Fuente: La Tercera
