La iniciativa, impulsada por la entonces diputada Camila Vallejo, ingresó al Parlamento en marzo de 2017, y desde entonces ha experimentado una serie de modificaciones que apuntan a la gradualidad en su implementación.
Fue a fines de agosto pasado que el Gobierno presentó un set de indicaciones que hizo reflotar la discusión en torno al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.
Desde entonces, de manera sigilosa, pero rápida, este avanzó en la comisión de Trabajo del Senado, logrando ser despachado y quedando en condiciones de ser analizado por la instancia de Hacienda, en lo relativo a la norma de su competencia.
Una vez que concluya su revisión, la propuesta podría votarse en la Sala, y en caso de ser aprobado, avanzaría a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Se trata de una propuesta que lleva desde el 2017 en trámite, impulsada por parlamentarios del PC, entre los que destacan nombres como el de Karol Cariola, Daniel Núñez, Guillermo Tellier, y el de la actual ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.
¿Su objetivo? Modificar el artículo 22 del Código de Trabajo que establece una jornada laboral de 45 horas semanales a través de una disposición para disminuirla progresivamente hasta las 40 horas semanales.
“La jornada de trabajo de un máximo de 45 horas semanales no permite a los trabajadores desarrollar una vida familiar o disponer de tiempo libre para educarse o entretenerse de una manera que no implique someterse a la precariedad del descanso y a las variadas formas de embrutecimiento que rigen la vida actual”, señala el texto presentado por la entonces diputada Vallejo.
En concreto, se remitía a reducir el tiempo semanal que se dedica al trabajo con el fin de acercarse al nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), asegurando que el ajuste traerá consigo también un aumento de la productividad, tal como ocurrió en dichas naciones cuando se implementó.
Así, la iniciativa impulsada por legisladores comunistas apostaba por una jornada semanal de 40 horas en la que las horas trabajadas debían ser distribuidas por igual en los cinco (o seis) días de trabajo -esto contemplaba el tiempo de colación-. Y, en un principio, apuntaba a una rebaja inmediata, menos para las pymes que tendrían dos a tres años para ajustarse gradualmente.
La moción ingresó al Congreso en marzo de 2017, siendo aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que luego la despachó al Senado en noviembre de 2019. Tras ello, fue presentada en la comisión de Trabajo de la misma Corporación para un segundo trámite, el cual permaneció congelado desde entonces.
Las indicaciones y ajustes
Eso, hasta que a fines de agosto de 2022 las enmiendas presentadas por la actual administración permitieron reactivar su debate. Ellas, proponían, entre otras cosas, una implementación escalonada de la reducción de la jornada, sin distinción por tamaño de empresa, con lo cual habría una rebaja inicial de 45 a 44 horas que se materializaría al primer año de publicada la ley en el Diario Oficial.
La segunda, de 42 horas semanales, se concretaría a partir del tercer año, y finalmente, el descenso a 40 horas ocurrirá al quinto año de promulgada la respectiva norma. Al respecto, el Presidente Gabriel Boric reconoció que la medida tiene que avanzar “consciente de las vicisitudes a las que nos enfrentamos. Por eso, este proyecto incorpora la gradualidad, para que las diferentes empresas según su realidad vayan adaptándose a esta nueva jornada”.
Las modificaciones consideraron también extender los alcances de la reducción de jornada a la mayor parte de las categorías contenidas en el Código del Trabajo, no solo del artículo 22, lo que implica abordar las jornadas especiales, como es el caso de trabajadoras de casa particular o choferes y auxiliares de locomoción colectiva interurbana, entre otros.
Asimismo, se incorporaron cambios a la regulación sobre exclusión de la limitación de jornada, jornada parcial y jornadas excepcionales. De esta forma, la disminución de jornada laboral extiende sus efectos directos a más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo Chile, según estimaciones del Gobierno.
En casos específicos, en los que por la naturaleza de las funciones no sea posible materializar una disminución efectiva de horas de la jornada laboral, el objetivo de mayor tiempo de descanso se alcanzará a través de otros mecanismos, como días libres o feriado adicional.
Junto con ello, se contemplaron medidas de acompañamiento especial a las micro y pequeñas empresas, de corresponsabilidad social y avances tecnológicos en la regulación del registro de asistencia y control de jornada.
Adaptabilidad
Cabe mencionar que, durante la sesión de la comisión de Trabajo del miércoles pasado, el Gobierno se abrió a incluir un paquete de normas de adaptabilidad laboral para que la iniciativa pudiera contar con los votos de los de senadores de Chile Vamos: Luciano Cruz Coke (Evópoli); Iván Moreira (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).
En el detalle, lo que se ingresó es la posibilidad de acordar con los trabajadores o trabajadoras que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas, con un máximo de 45 horas semanales. En caso que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo del sindicato para implementar esta fórmula.
Asimismo, se estipula que en caso que el trabajador sea sindicalizado, la firma deberá contar con acuerdo de la organización representativa de los trabajadores, para que así, a través de un acuerdo colectivo entre la empresa y el sindicato, se pueda pactar una jornada semanal de hasta 52 horas, la que solo implicará a los socios.
Otra de las innovaciones fue la creación de bandas de horario para el inicio y término de jornada para madres, padres y personas cuidadoras de menores de 12 años, y se estableció la posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicional.
El proyecto de Piñera
Corría el año 2019 cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, con el fin de impulsar la adaptabilidad laboral y beneficiar a 442.762 personas a través de la creación de nuevos puestos de trabajo y el fomento de la formalización.
Y fue a poco menos de tres meses de haber ingresado la iniciativa al Parlamento -y ante el eco generado por la iniciativa de la entonces diputada Vallejo-, que el Ejecutivo decidió ingresar una indicación para reducir de 45 a 41 horas la jornada máxima laboral semanal.
Además, anunciaron que le pondrían suma urgencia a la discusión del proyecto que permanece en el Senado desde entonces.
Inicialmente el proyecto que encabezó el primer ministro del Trabajo del segundo mandato de Piñera, Nicolás Monckeberg, mantenía la jornada laboral ordinaria con 45 horas de trabajo semanales máximas y 180 mensuales, pero con la oportunidad de variar los horarios.
Según el informe “Reducción de jornada laboral, productividad y empleo”, elaborado por el Ministerio del Trabajo con apoyo de Hacienda en agosto 2019, se proyectaba que la mayor flexibilidad laboral que propone la iniciativa del Gobierno generará un aumento del 17,8% en la productividad de los trabajadores.
Además, el documento establecía que, suponiendo que el proyecto de ley hubiese aprobado en ese año y la reducción de la jornada hubiese comenzado en el año 2020 a 44 horas, la jornada se habría reducido en los años 2022, 2025 y 2027 en una hora, llegando a 41 horas hacia 2027.
“Proponemos una rebaja de jornada a 41 horas promedio… la gran diferencia ¿dónde está? No es en la hora. Ellos proponen bajarla a 40, nosotros a 41. La gran diferencia es que ellos mantienen toda la rigidez actual y nosotros creemos que una rebaja de jornada, para que realmente mejore la calidad de vida del trabajador, tiene que ir con medidas de flexibilidad laboral, (…) de horario”, señaló el ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en Radio Universo el año 2019.
Fuente: Emol
